Pedro Sánchez afronta la nueva legislatura tomando las primeras medidas respecto al sector inmobiliario. Se compromete a rescatar una política orientada hacia la vivienda pública y el alquiler.
En primer lugar se ampliará desde los 3 a los 5 años la prórroga forzosa de los contratos de arrendamiento. En segundo lugar, limitará las fianzas adicionales que los arrendatarios imponen a los inquilinos.
Además reformará la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para eliminar la vivienda turística de los “arrendamiento de temporada”. Ya anteriormente, el partido socialista defendía la idea de que solamente entraran en el marco legal de la LAU las viviendas que se alquilen más de 15 días y que no ofrezcan servicios extras como la limpieza o el desayuno. Estos son los únicos detalles que tenemos respecto a esta iniciativa.
Por otro lado, el presidente ha prometido 20.000 viviendas públicas para los próximos cuatro años. Estas se habilitarán en los municipios donde ha aumentado en mayor nivel el precio del alquiler, como pueden ser Barcelona y Madrid.
